RAÚL LÓPEZ PROPONE INSTAR A LA JUNTA A QUE EJECUTE UN PLAN DE MEDIDAS DE CHOQUE PARA LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
Como se indica en la moción presentada, el retraso del cobro de las subvenciones que reciben por parte del gobierno regional está poniendo en peligro a estas entidades
El concejal de Accesibilidad y Movilidad, Raúl López, ha informado esta mañana que presentará una moción al pleno ordinario de enero, que se celebra este próximo jueves, relativa a la situación que están viviendo los Centros Especiales de Empleo (CEE) ante el retraso en el cobro de subvenciones de la Junta de Andalucía.
Mediante ésta, se propone que el Pleno acuerde instar a la Junta de Andalucía a ejecutar un Plan de medidas de choque para afrontar la crisis en los Centros Especiales de Empleo con el objetivo de que ninguno llegue a cerrar sus puertas.
También se plantea solicitar que en los próximos años se puedan generar las condiciones estructurales que permitan la incorporación al mundo laboral de personas con discapacidad. Haciendo hincapié, sobre todo, en quienes se encuentran inactivos o en situación de desempleo
Así como instar al cumplimiento de las tasas de contratación y aprovechamiento de otros mecanismos de incentivos al empleo de las personas con discapacidad; y a los organismos competentes, Consejería de Trabajo e Inspección de Trabajo, al seguimiento y control del correcto uso de las subvenciones y ayudas concedidas a los CEE, que sean destinadas a la contratación y pago del personal de estos centros.
La moción también propone el aumento de los programas formativos y de inclusión laboral para personas con discapacidad mediante actividades formativas, talleres de empleo y demás actuaciones de inclusión laboral.
Como se explica en el texto de la propuesta, el empleo es uno de los sectores más castigados por la crisis económica. Pero son, sobre todo, las personas con discapacidad las que en mayor medida han sentido las consecuencias. El descenso registrado el pasado año en el número de contratos en empleo ordinario fue paralelo al aumento de demandantes de trabajo con discapacidad. El CERMI prevé para el futuro una situación "muy delicada", puesto que las personas con discapacidad son de por sí especialmente vulnerables en cuestiones de inclusión laboral.
Actualmente casi dos terceras partes de los demandantes de empleo con discapacidad (62,3%) están en paro. El secretario general de la Federación Empresarial de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo, ha señalado el impacto directo de la crisis en la facturación, los contratos en el mercado laboral ordinario descendieron a cifras de 2006. Además la tasa de actividad entre las personas sin minusvalía se sitúa en el 59,95% frente al 33,7% de las personas con discapacidad. Hay una tendencia de reducción de la contratación de personas con discapacidad tanto en el empleo ordinario como en el protegido. Lo que amenaza muy seriamente la capacidad asistencial a 14.500 personas en toda Andalucía
El retraso del cobro de las subvenciones que reciben por parte del gobierno regional los centros especiales de empleo (CEE) de la ciudad, esta poniendo en peligro a estas entidades, pudiendo llevar a algunas a presentar un ERE. La reducción presupuestaria, el retraso o cambio en la fecha de las ayudas públicas supone problemas de liquidez para los CEE, lo que a su vez limita las acciones de las organizaciones que deben ajustar sus programas de intervención. En los dos últimos años se han reducido las subvenciones un cincuenta por ciento, y han desaparecido otras sin dar explicación ninguna. Esta situación ha puesto en riesgo el 40% de los centros de trabajo, según un informe de FEACEM, y parece que las perspectivas para este año, a pesar de algunas iniciativas públicas para favorecerlos, no van a ser mucho mejores. El retraso en los pagos se sitúa entre 8 y 24 meses en 10 comunidades; Andalucía (de 18 a 24 meses). Andalucía adeuda a FEAPS 12 millones en total (la Junta dice que son 10)
Hay que señalar que cada puesto de trabajo de una persona con discapacidad es una inversión, social y económica; ahorra un mínimo de 1.500 euros en asistencia social y retorna 6.000 euros al año en impuestos, según datos de la mesa para el empleo de las personas con discapacidad.
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