Expertos coinciden en que las
Administraciones Públicas no están comprometidas en garantizar el cumplimiento
de la legislación sobre accesibilidad TIC
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En esta ocasión, el Comité Español
de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), patrono de CENTAC, ha
sido el anfitrión del encuentro
(Madrid, 19 de julio de 2012).- Especialistas
en el ámbito de la legislación sobre accesibilidad TIC han considerado hoy
necesario que las Administraciones Públicas adquieran el compromiso de
garantizar que las leyes existentes en este ámbito se cumplan. Así lo han hecho
en el nuevo “Taller de Expertos” de
la Fundación Centro Nacional de Tecnologías de
la Accesibilidad (CENTAC), acogido por el Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), patrono
de CENTAC.
Durante el encuentro,
el director de CENTAC, Juan Luis Quincoces, ha señalado que “la tecnología
es una herramienta para suprimir discapacidades”, pero es necesario “vigilar”
que ésta no genere barreras. En este sentido, ha destacado que la legislación
es fundamental y aunque existe mucha normativa al respecto en España, son
imprescindibles sistemas de control y una reglamentación sobre sanciones.
Además, ha considerado importante que, al margen de la
legislación, en cuya elaboración y desarrollo deben participar las personas con
discapacidad, se potencie la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), en este
ámbito, y las empresas líderes “participen de este impulso”.
Quincoces ha explicado que una de las propuestas que
CENTAC quiere trasladar a los grupos políticos, en esta línea, es que se
evalúe, en la decisión final de compra por parte de las Administraciones
Públicas, la mejora en accesibilidad que conlleve el producto o servicio en
cuestión.
En su opinión, la incorporación de la accesibilidad desde
el origen del diseño supone un
“coste cero”, sin embargo, ha dicho, “falta información de
base” y es necesario que este hecho esté “suficientemente argumentado” para que
los organismos públicos implementen tecnologías accesibles. Así, ha recordado
que CENTAC está preparando un informe al respecto.
“Las herramientas accesibles no tenemos que verlas como un
coste, sino como una obligación” porque las personas con discapacidad “tienen
que poder ejercer sus derechos”, ha asegurado.
También se ha referido a las redes sociales y ha
considerado su accesibilidad una necesidad, dado que “quien no está en ellas,
se aísla de la sociedad y éste es un problema grave”. Así, ha recordado que la
Ley 26/2011 obliga a esta accesibilidad, pero se ha cuestionado “cómo se
garantiza” que esto se cumple.
Por su parte, Cristina
Rodríguez Porrero, directora del
Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT), ha asegurado que cuando España
ratificó la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con
Discapacidad, ya tenía mucho trabajo hecho, como por ejemplo la aprobación de
la Ley de de Igualdad de Oportunidades,
No Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) “pionera para su tiempo”
y “la primera ley española que establecía el “Diseño para Todos””.
En este sentido, aunque ha reconocido el esfuerzo que
supuso elaborar la LIONDAU, ha lamentado que después “no haya habido más
seguimiento y control”. Por ello, ha apostado por crear mejores herramientas
para “querer y conocer” a las leyes que tenemos porque “no es suficiente con
que se publiquen en el BOE”.
En su opinión, aunque la legislación es fundamental, “muchos
desarrolladores empiezan a ver un mercado importante en las personas con
discapacidad y los mayores”. Así, ha considerado necesario “hacer ver a las
empresas que la accesibilidad es una ventaja competitiva, de innovación y de
cumplimiento con la ley”.
Según ha dicho, existen normas técnicas para hacer una web
accesible, “el conocimiento está” y en cuanto al coste, ha destacado que la
accesibilidad TIC “es un tema de diseño y esto es menos costoso que
adaptaciones en el ámbito físico”.
Asimismo, ha pedido a Europa y a la Administración
española que sea exigente con las compras públicas ya que “adquirir productos
no accesibles es financiar la discriminación”. Finalmente, ha sugerido que tanto
empresas como administraciones deben trabajar juntos en definir criterios de
accesibilidad.
En
esta misma línea, el portavoz del PP en la Comisión Permanente de Políticas
Integrales de la Discapacidad, Francisco Vañó, ha subrayado que “la no
accesibilidad es una forma muy sutil de discriminar” y que la accesibilidad
universal es igual al “Diseño para Todos”. Así, ha destacado dos conceptos para
él muy importantes: “mentalizar socialmente y contar con las personas con
discapacidad”.
“Si conciencias a la gente es más sencillo que cumplan las
leyes”, ha dicho, ya que, “el “Diseño para Todos” es más cómodo y genera
satisfacción para todos”. Esto es, en su opinión, “más eficaz que la propia
legislación”.
“Ha llegado el momento de ponernos en la línea de salida
en igualdad de condiciones”, ha asegurado y, para ello, es necesario que actúe
el Estado, ya que el mercado, a veces, “no tiene capacidad de visión de futuro”
y ha recordado que hasta los años 80 las empresas no se atrevían a contratar a
personas con discapacidad.
Asimismo, ha considerado importante “poner en valor” la
RSC como “estímulo” para las empresas e implementar mecanismos de actuación más
eficaces, sobre todo, en lo que respecta al ámbito de la contratación de
personas con discapacidad.
Finalmente, Ana
Sastre, delegada de Derechos
Humanos del Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI), ha
apostado por partir de la premisa, a la hora de legislar, de que la accesibilidad forma
parte del derecho de no discriminación. “Si los servicios no son accesibles,
estamos discriminando al colectivo de personas
con discapacidad”.
“Cuando las personas con discapacidad participan en hacer
normativas, no se crean barreras”, ha destacado, y ha optado por seguir el lema
de “nada sobre nosotros sin nosotros”, lo que enlaza con la importancia de las
TIC en términos de participación en la vida social y política de este
colectivo. “Cuanto más accesible sea el entorno, más participación habrá y esto
conduce a menos barreras”, ha puntualizado.
En este punto, ha puesto como ejemplo la accesibilidad de
las webs públicas, sobre la que existe una obligación legal desde 2009, y ha
criticado la falta de compromiso en este sentido, lo que, en su opinión, “no
tiene justificación”.
Dada la velocidad con la que se desarrollan las nuevas
tecnologías, es imprescindible, desde su punto de vista, que la legislación a
este respecto sea “mucho más ágil” y responda a los retos presentes y futuros
“porque sino la ley siempre irá por detrás”.
Sastre ha subrayado que se necesita el compromiso de las
administraciones públicas para que las leyes que tenemos se cumplan y apostar
por la sensibilización.
CENTAC
El
Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (CENTAC) es un ejemplo de colaboración
público-privada, al contar en su Patronato con entidades como el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Real Patronato Sobre Discapacidad,
El Corte Inglés, la Fundación
Once , la Fundación Vodafone
Españala
Comunicación (INTECO).
CENTAC cuenta con una página Web (www.centac.es) y presencia en las principales
redes sociales: Facebook, Twitter y Canal YouTube, en las
siguientes direcciones: http://www.facebook.com/Centac http://twitter.com/_CENTAC_ y http://www.youtube.com/centacvideo
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