El CERMI crea un debate sobre la sostenibilidad del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia

Fuente: En el número 67 del periódico ‘cermi.es semanal’, órgano de expresión del CERMI

El CERMI crea un debate sobre la sostenibilidad del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia

· En la mesa redonda participaron el director general del IMSERSO, César Antón; el diputado de CiU, Carles Campuzano; la comisionada de Autonomía Personal del CERMI, Roser Romero; el consultor sobre Dependencia, Pablo Cobo; y el diputado del PP, Francisco Vañó.

(Madrid, 18 de febrero de 2013).- El periódico ‘cermi.es semanal’, órgano de expresión del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), organizó el pasado viernes un debate para plantear las dudas y las propuestas sobre la sostenibilidad del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD).

En la mesa redonda participaron el director general del IMSERSO, César Antón; el diputado de CiU, Carles Campuzano; la comisionada de Autonomía Personal del CERMI, Roser Romero; el consultor sobre Dependencia, Pablo Cobo; y el diputado del PP, Francisco Vañó.

Mientras que para César Antón, la sostenibilidad del sistema tanto en el presente como en el futuro, depende del ordenamiento, simplificación y transparencia de la Ley de Autonomía Personal; para el diputado de CiU, no hay que platearse tanto la sostenibilidad del SAAD, sino si cumple sus objetivos, como la garantía de la calidad de vida de las personas en situación de dependencia y sus familias, ya que los recortes están afectando “negativamente” a esta política.

Por su parte, Roser Romero opinó que las asignaturas de la Ley son la promoción de la autonomía personal y la prevención, o atención a menores de tres años, al mismo tiempo que destacó los problemas de financiación desde antes de que se aprobara la ley o la propuesta del CERMI de que esta normativa formara parte de la Seguridad Social.

El consultor sobre Dependencia, Pablo Cobo, coincidió con Romero en la necesidad de que el Gobierno tendría que haber adoptado medidas de ajuste económico para hacer frente al problema de financiación, por lo que, para él, se debe desarrollar una regulación del sistema de financiación sostenible. En este sentido, también apostó por la vía de la Seguridad Social, la cual “enmarca un sistema que se parece mucho más a la protección que necesitan las personas en situación de dependencia”.

Además, Francisco Vañó apuntó que los problemas de esta Ley se deben a que “se  apresuró mucho el Gobierno de entonces en darla de alta, de ponerla en marcha”.

En cuanto al coste de servicios y la aportación de los usuarios, Carles Campuzano sostuvo que hay que volver a abrir el debate sobre que la financiación sea vía Seguridad Social y no a través de los Presupuestos Generales del Estado, vinculando así la financiación a los costes efectivos de los servicios. En este sentido, explicó que ahora en las sociedades avanzadas y serias se discute sobre los costes del envejecimiento en nuestra sociedad (pensiones y sistema de salud), y es “central” abordar, por tanto, la atención de larga duración.

Mientras, Antón mantuvo que “no es adecuado”, y, además, según explicó, la Ley establece que la aportación de los usuarios debe ser en función de su capacidad, y, según el Tribunal de Cuentas, no se ha desarrollado, por lo que la financiación está “un poco desordenada”.

Para la comisionada de Autonomía Personal del CERMI, a partir de la puesta en marcha de la Ley, todos los asuntos de la discapacidad han ido desapareciendo de los Servicios Sociales, por lo que el sector está pagando “un alto coste” por una Ley que no resuelve sus problemas. 

En materia de beneficiarios, Roser Romero dibujó una panorámica “desoladora”, ya que la Ley “ha salido mal” y “no soluciona los problemas de las personas” y se preguntó por qué no se ha hecho nada para corregirla. En este sentido, habló de una cifra de 953.452 usuarios de todos los servicios que se dan actualmente a 31 de enero de 2013, de los cuales, 1.261 tienen asistente personal, es decir, el 0.13%; y de las 17 Comunidades Autónomas y dos ciudades autónomas, “tenemos nueve que dan esta prestación”.

A estos datos, el director general del IMSERSO añadió que en 2012 se han incorporado al sistema 129.000 nuevos beneficiarios que reciben prestación, con un total actual de 750.000 beneficiarios con prestaciones.

En este sentido, el diputado de CiU destacó que el sector de la sociedad más decepcionado por la aplicación de esta Ley han sido las personas con discapacidad, existiendo una “situación de retroceso”. 

Por último, la comisionada de Autonomía Personal del CERMI, Roser Romero, planteó la importancia de contar con los propios beneficiarios para la búsqueda de soluciones, con una participación “más intensa”, ya que, manifiestó, “conocemos la realidad del sector y somos capaces de poner soluciones y a costos más baratos de los que saca la administración o las empresas privadas, además es nuestro futuro”

El CERMI es la plataforma unitaria estatal de representación de las personas con discapacidad que en la sociedad civil engloba a más de 7.000 asociaciones y entidades, que trabaja para lograr una inclusión plena de una realidad presente en el 10% de la población, los más de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía y la igualdad de oportunidades de este grupo social.