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“En lugar de recortes sociales, se necesita creatividad política”, según el CERMI
Propone seis iniciativas que de adoptarse contribuirían a mejorar las condiciones de vida y ciudadanía de las personas con discapacidad y sus familias, sin coste directo para las arcas públicas
(Madrid, 26 de mayo de 2010).- La salida de la grave situación económica y de empleo que atraviesa España no debe enfrentarse con recortes sociales que inciden siempre en los grupos más vulnerables o sometidos a mayor riesgo de exclusión, sino que, según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), debe dar lugar a procesos de creatividad política que pongan en marcha medidas innovadoras de avance que no lleven aparejado necesariamente un coste adicional.
En el ámbito de la discapacidad, según el CERMI, el despliegue de este tipo de medidas es posible y viable, por lo que sólo hace falta imaginación y audacia políticas para llevarlas a término.
A modo de ejemplo, el CERMI plantea seis iniciativas que de adoptarse contribuirían a mejorar las condiciones de vida y ciudadanía de las personas con discapacidad y sus familias, sin coste directo para las arcas públicas.
Estas medidas son:
En el ámbito de la inclusión laboral:
Modificar la Ley de Contratos del Sector Público para establecer que sólo podrán participar en procesos de contratación con las Administraciones Públicas las empresas, que estando obligadas, acrediten previamente el cumplimiento de la reserva de empleo a favor de personas con discapacidad.
Cambiar la Ley General de Subvenciones para que cualquier empresa o entidad que desee acogerse a una subvención o ayuda pública acredite previamente el cumplimiento de la reserva de empleo a favor de personas con discapacidad, si estuviera obligada.
Modificar la Ley de Contratos del Sector Público para disponer una reserva obligatoria –de entre el 6 y el 10%- de contratos públicos en favor de empresas sociales, como los centros especiales de empleo o las empresas de inserción. Esto ya lo ha hecho para su ámbito, la Comunidad de Navarra, mediante ley foral.
En el ámbito del acceso a la vivienda:
Transformar la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad de 1982, para elevar del 2 al 6% la reserva de viviendas de iniciativa pública en favor de personas con discapacidad, abriendo la adjudicación no sólo a particulares, como hasta ahora, sino también a entidades del tercer sector de la discapacidad para que las destinen a programas de inclusión social y de vida autónoma de personas con discapacidad.
En el ámbito de la movilidad.
Modificar la Ley General de Carreteras para declarar exentos de peaje los vehículos de los que sean titulares o sirvan para transportar a personas con movilidad reducida, que posean tarjeta identificativa que les reconozca esta situación. Esta medida está vigente en la mayor parte de los países europeos, y puede materializarse negociando el Estado con las concesionarias de autopistas de peaje las condiciones de prestación del servicio (plazos de concesión, etc.).
En el ámbito de la atención a las víctimas de accidentes de circulación.
Desarrollar reglamentariamente la reciente Ley de Seguridad Vial –que entró en vigor ayer- para dedicar el 33% de lo que el Estado recaude por sanciones de tráfico a programas de asistencia, apoyo y promoción de la vida activa de víctimas de accidentes de circulación que a consecuencia de los mismos hayan adquirido una discapacidad. La Ley incluye la atención a las víctimas como uno de los objetivos del fondo que generen las multas, pero debe ser la norma reglamentaria la que determine los detalles del reparto.
Estas seis medidas, que no ocasionan gasto directo, solo requieren de voluntad política y prueban que a pesar de la crisis y las dificultades presupuestarias, hay espacio para la acción política transformadora.
El CERMI es la plataforma de representación y encuentro de las personas con discapacidad que aglutina a casi 5.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los cerca de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo.
Propone seis iniciativas que de adoptarse contribuirían a mejorar las condiciones de vida y ciudadanía de las personas con discapacidad y sus familias, sin coste directo para las arcas públicas
(Madrid, 26 de mayo de 2010).- La salida de la grave situación económica y de empleo que atraviesa España no debe enfrentarse con recortes sociales que inciden siempre en los grupos más vulnerables o sometidos a mayor riesgo de exclusión, sino que, según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), debe dar lugar a procesos de creatividad política que pongan en marcha medidas innovadoras de avance que no lleven aparejado necesariamente un coste adicional.
En el ámbito de la discapacidad, según el CERMI, el despliegue de este tipo de medidas es posible y viable, por lo que sólo hace falta imaginación y audacia políticas para llevarlas a término.
A modo de ejemplo, el CERMI plantea seis iniciativas que de adoptarse contribuirían a mejorar las condiciones de vida y ciudadanía de las personas con discapacidad y sus familias, sin coste directo para las arcas públicas.
Estas medidas son:
En el ámbito de la inclusión laboral:
Modificar la Ley de Contratos del Sector Público para establecer que sólo podrán participar en procesos de contratación con las Administraciones Públicas las empresas, que estando obligadas, acrediten previamente el cumplimiento de la reserva de empleo a favor de personas con discapacidad.
Cambiar la Ley General de Subvenciones para que cualquier empresa o entidad que desee acogerse a una subvención o ayuda pública acredite previamente el cumplimiento de la reserva de empleo a favor de personas con discapacidad, si estuviera obligada.
Modificar la Ley de Contratos del Sector Público para disponer una reserva obligatoria –de entre el 6 y el 10%- de contratos públicos en favor de empresas sociales, como los centros especiales de empleo o las empresas de inserción. Esto ya lo ha hecho para su ámbito, la Comunidad de Navarra, mediante ley foral.
En el ámbito del acceso a la vivienda:
Transformar la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad de 1982, para elevar del 2 al 6% la reserva de viviendas de iniciativa pública en favor de personas con discapacidad, abriendo la adjudicación no sólo a particulares, como hasta ahora, sino también a entidades del tercer sector de la discapacidad para que las destinen a programas de inclusión social y de vida autónoma de personas con discapacidad.
En el ámbito de la movilidad.
Modificar la Ley General de Carreteras para declarar exentos de peaje los vehículos de los que sean titulares o sirvan para transportar a personas con movilidad reducida, que posean tarjeta identificativa que les reconozca esta situación. Esta medida está vigente en la mayor parte de los países europeos, y puede materializarse negociando el Estado con las concesionarias de autopistas de peaje las condiciones de prestación del servicio (plazos de concesión, etc.).
En el ámbito de la atención a las víctimas de accidentes de circulación.
Desarrollar reglamentariamente la reciente Ley de Seguridad Vial –que entró en vigor ayer- para dedicar el 33% de lo que el Estado recaude por sanciones de tráfico a programas de asistencia, apoyo y promoción de la vida activa de víctimas de accidentes de circulación que a consecuencia de los mismos hayan adquirido una discapacidad. La Ley incluye la atención a las víctimas como uno de los objetivos del fondo que generen las multas, pero debe ser la norma reglamentaria la que determine los detalles del reparto.
Estas seis medidas, que no ocasionan gasto directo, solo requieren de voluntad política y prueban que a pesar de la crisis y las dificultades presupuestarias, hay espacio para la acción política transformadora.
El CERMI es la plataforma de representación y encuentro de las personas con discapacidad que aglutina a casi 5.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los cerca de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo.
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