El CERMI demanda para esta legislatura un nuevo modelo legal de inclusión laboral y un pacto por el empleo

Fuente: cermi.es

El CERMI demanda para esta legislatura un nuevo modelo legal de inclusión laboral y un pacto por el empleo

• Así se ha incidido durante la celebración de un desayuno informativo en la agencia de noticias Servimedia, ofrecido por el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno; y el secretario general del CERMI, Alberto Durán.

• Los responsables del CERMI han abordado la situación laboral de las personas con discapacidad en el mercado laboral, la influencia de la crisis en el movimiento asociativo de la discapacidad, los retos y desafíos para la aplicación de la Convención de la ONU o la Ley de Autonomía Personal, entre otros.

(Madrid, 27 de febrero de 2012).- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Estatal) demanda para esta legislatura 2011-2015 la creación de un nuevo modelo legal de inclusión laboral, así como su aportación para un pacto por el empleo.

Así lo ha expresado su presidente, Luis Cayo Pérez Bueno, quien ha estado acompañado por el secretario general del CERMI, Alberto Durán, durante la celebración de un desayuno informativo en la agencia de noticias Servimedia, en el marco del 15 aniversario del CERMI.

En relación a esta necesidad de reformar el actual modelo de la Ley de Inclusión Laboral, el CERMI ha resaltado que, actualmente, el sector del empleo es una cuestión de fondo “esencial” y el papel del Comité, en este sentido, se presenta como el interlocutor “natural” en materia de discapacidad.

Así, desde la plataforma se ha manifestado que el sector de la discapacidad tiene problemas “singulares” en materia de empleo que no han sido resueltos todavía, como es la exclusión laboral, que significa que existe una alta tasa de inactividad, y a la que califica como “lo más grave”, ya que “están desaprovechadas” las personas en edad laboral que no se encuentran en el mercado de trabajo. “Hay que conseguir su activación laboral”, ha mantenido.

En este sentido, ha apuntado que se trata de una activación que generaría autonomía, vida independiente e inclusión en la sociedad. Además, en el marco de su próximo encuentro con la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, además de exponer la necesidad de esta inclusión laboral, también planteará un acompañamiento activo en el mundo del movimiento asociativo de la discapacidad, que puede servir a las políticas activas de empleo, así como su aportación para un pacto de empleo.

“La discapacidad puede valer para aportar, es decir, no sólo pide, sino que pide para aportar y, en este sentido, esto ayuda tanto al Gobierno como al país para favorecer este tipo de políticas”, ha indicado. Así, ha anunciado que, como CERMI, “defendemos ese modelo” y en poco tiempo “estaremos en disposición para presentar al Gobierno propuestas concretas para ese nuevo modelo legal de inclusión laboral”.

Por ello, ha destacado la baja tasa de actividad del 36% de las personas con discapacidad en España, en comparación con el 75% de las personas sin discapacidad. Asimismo, se ha referido a los Centros Especiales de Empleo (CEE) y ha afirmado que de las 300.000 personas con discapacidad que trabajan en España, los CEE acogen a 60.000, es decir, dentro del empleo protegido y promovido por entidades de iniciativa social.

También ha abordado la LISMI y, en este contexto, el CERMI ha señalado que, a pesar de su incumplimiento por parte de las empresas, tiene buenos resultados, al mismo tiempo que ha advertido que “algo falla si aceptamos que las leyes no se cumplan y esto significa un mal democrático”.

Según ha explicado el presidente del CERMI, para cumplir con la cuota del 2% de reserva de empleo para las personas con discapacidad, desde el movimiento de la discapacidad, se han planteado medidas, pero existen otras como las ligadas a la contratación pública socialmente responsable, que ayudaría a que las empresas cumplan con la LISMI, ya que dejarían de recibir líneas de financiación sino acreditan que cumplen con ese 2%.

En cuanto a la aplicación de la Convención de la ONU, el CERMI se ha referido a ella como una “aliada” con “alcance revolucionario” y ha hablado sobre sus retos y desafíos. En relación al artículo 19, que establece que las políticas de discapacidad deben de ser inclusivas, ha afirmado que hay muchos dispositivos de atención, de promoción social que “están en entredicho”, ya que no aplican la Convención.

En relación a su visión sobre la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, el CERMI ha dicho que “las demandas sociales deben responderse por parte de los poderes públicos en clave de derechos” y ha reconocido que es una Ley a la que se le ha juzgado por sus “grandes expectativas”.

En este contexto, ha incidido en la importancia de no hablar sólo de dependencia, cuando se hable de lo social, así como cuando se habla de discapacidad, no limitarlo a la dependencia, tampoco. Para el CERMI, el sistema, cinco años después, “debe ser revisado y reorientado”.

“El Gobierno debe orientarse a la Seguridad Social, que daría esa equidad y unidad en su desarrollo y daría una vocación de sostenibilidad que ahora mismo no tiene”, ha añadido, al mismo tiempo que ha apuntado su consideración de la necesidad de lograr un auténtico espacio socio-sanitario, “por justicia y por economía”. “Es el sistema el que debe estar al servicio del ciudadano y no al contrario”, ha demandado.

El CERMI Estatal es la plataforma unitaria estatal de representación y encuentro de las personas con discapacidad que en la sociedad civil aglutina a más de 7.000 asociaciones y entidades, que trabaja para lograr una inclusión plena y efectiva de los más de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España, más sus familias. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo.