Es “necesario” reforzar el contenido de la Constitución sobre discapacidad y operar su modernización

Es “necesario” reforzar el contenido de la Constitución sobre discapacidad y operar su modernización 

Fuente: cermi.es·

En el marco de la clausura de la jornada ‘La Constitución Española de 1978: materiales para una posible reforma’, que ha sido organizada por el CERMI y la Fundación Derecho y Discapacidad, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia.

(Madrid, 4 de marzo de 2013).- Según ha indicado el secretario general del Consejo General de la ONCE y secretario de la Fundación Derecho y Discapacidad, Rafael de Lorenzo, en relación a una posible reforma constitucional en materia de discapacidad, el CERMI ya había planteado su “disconformidad” con la dicción y aspectos terminológicos, como los que plantea el artículo 49, pero también la “necesidad” de reforzar su contenido y “operar una modernización”.

Así lo ha expuesto en el marco de la clausura de la jornada ‘La Constitución Española de 1978: materiales para una posible reforma’, que ha sido organizada por el CERMI y la Fundación Derecho y Discapacidad, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia.

En este sentido, ha puesto de manifiesto esta demanda social del CERMI, por lo que, ha señalado, “lo que hay que hacer ahora es tener una solución preparada con rigor, que cuente con un suficiente consenso social, que se explique a los operadores jurídicos y políticos para que, cuando llegue el momento “oportuno”, “busquemos fórmulas adecuadas”. 

Ante esta posible reforma de la Constitución sobre los derechos de las personas con discapacidad, Rafael de Lorenzo ha hecho referencia a los artículos 14 y 49, que hablan del principio de igualdad y de no discriminación; y de la encomienda a los poderes públicos de realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración en favor de las personas con discapacidad, prestando una especial atención especializada y amparando el disfrute de sus derechos, respectivamente. 

Así, propone, o bien la reforma de ambos artículos, o bien, o seguir avanzando en las demandas sociales desde la reivindicación tal y como actúa el CERMI, al mismo tiempo que ha advertido que todo derecho requiere de una intervención del poder público. 

En cuanto a una posible reforma del artículo 14, Rafael de Lorenzo ha planteado que se debería incluir la discapacidad, y añadir a continuación un texto que dicte: “Asimismo, las personas con discapacidad no podrán ser objeto de discriminación alguna y los poderes públicos las ampararán para el pleno disfrute que este título otorga para todos los ciudadanos”.

Para él, de esta manera, se recoge una declaración “clara y rotunda” de que está bajo el principio de no discriminación por razón de discapacidad.

En relación al artículo 49 de la Constitución, ha propuesto su disposición en dos apartados, que, por una parte, uno se centre en reiterar y reformular un principio de protección de las personas con discapacidad, pero desde la perspectiva de los derechos humanos; y, por otra parte, que otro formule y concrete la acción pública, que ofrezca una respuesta prestacional. 

Así, un apartado establecería un texto que diría: “La Constitución garantiza a las personas con discapacidad el ejercicio real y efectivo de todos los derechos que reconocen a todos los ciudadanos”; y otro, que establezca que “se protegerá especialmente la dignidad, la igualdad de oportunidades, la acción positiva, la normalización, la inclusión social, educativa y laboral, vida independiente, accesibilidad universal, la plena participación de las personas con discapacidad, con arreglo a principios y mandatos contenidos en la Convención de la ONU, en cuanto a la protección de los derechos de las personas con discapacidad”.

En cuanto al segundo apartado que ha señalado, éste dictaría: “La acción pública en favor de las personas con discapacidad, que vinculará a todos los poderes y autoridades y que tendrá carácter transversal, prestará una atención especializada que aquellas requieran a través de las políticas y ayudas precisas para asegurar su bienestar y que tendrá en cuenta su realidad social y necesidades específicas en las iniciativas y actuaciones que se lleven a cabo”. 

A continuación, ha planteado el siguiente texto dirigido a la participación: “Las personas con discapacidad y sus familias participarán en las decisiones que les conciernen mediante el diálogo civil de las administraciones públicas con las organizaciones representativas o grupos en los que aquellas se integran, que recibirán el reconocimiento y apoyo público para promover y consolidar la cooperación de la sociedad civil organizada”.

Por último, Rafael de Lorenzo ha propuesto que, de cara al futuro, habría que actuar, en este sentido, desde el pragmatismo, con más garantías, con más cultura de solidaridad, y con un mayor grado de cumplimiento de las normas existentes.

“Sin normas no hay prestaciones ni seguridad jurídica”, ha apuntado. Según ha concluido, “es necesaria la presión para que las normas se cumplan y, ante las insuficiencias, hay que promover su modificación”.

La jornada ‘La Constitución Española de 1978: materiales para una posible reforma', organizada por el CERMI y la Fundación Derecho y Discapacidad, ha reunido hoy a expertos constitucionalistas del mundo académico e investigador, a dirigentes políticos de distintas formaciones y a activistas de la discapacidad, que reflexionarán sobre todos los aspectos de la discapacidad en el vigente texto constitucional, para acabar planteando ideas de por donde debería ir una posible reforma en este ámbito. Su clausura ha corrido a cargo de la directora ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino.