Los ajustes razonables no son una medida para corregir discriminaciones como el incumplimiento de la accesibilidad

Conferencia Internacional ‘2008-2013: Cinco años de vigencia de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad’

Los ajustes razonables no son una medida para corregir discriminaciones como el incumplimiento de la accesibilidad

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En el marco de la mesa redonda ‘No Discriminación y Accesibilidad Universal’, celebrada durante la Conferencia Internacional ‘2008-2013: Cinco años de vigencia de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad’, que, organizada por el CERMI, con la colaboración de la Universidad Carlos III de Madrid y Obra Social Fundación La Caixa, se clausura esta tarde tras acoger un intenso temario ofrecido por expertos en materia de discapacidad y jurídica.

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La clausura de la Conferencia tendrá lugar hoy a las 18 horas, y será ofrecida por el Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros; la vicepresidenta del CERMI, Concepción Díaz; la vicerrectora de Igualdad y Cooperación de la Universidad Carlos III de Madrid, Pilar Azcárate; el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, Rafael de Asís; y la directora de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Cristina Fraile.

(Madrid, 7 de mayo de 2013).- El profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, Rafael de Asís, ha aseverado que los ajustes razonables, que son medidas que adaptan el entorno a las necesidades específicas de las personas y que se adoptan cuando falla el diseño para todos, “no se pueden comprender como una medida que busca reemplazar el incumplimiento de la accesibilidad y corregir así situaciones de discriminación”.

Es una de las conclusiones de la mesa redonda ‘No Discriminación y Accesibilidad Universal’, celebrada durante la Conferencia Internacional ‘2008-2013: Cinco años de vigencia de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad’, que, organizada por el CERMI con la colaboración de la Universidad Carlos III de Madrid y Obra Social Fundación La Caixa, se clausura esta tarde tras haber acogido un intenso temario ofrecido por expertos en materia de discapacidad y jurídica.

El objetivo de esta mesa redonda ha sido abordar el papel central que desempeñan la accesibilidad y los ajustes razonables en la eliminación de las barreras que impiden que las personas con discapacidad puedan participar plenamente en la sociedad y disfrutar de sus derechos en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos.

En este sentido, Rafael de Asís ha incidido en que es importante subrayar el campo de proyección de los ajustes razonables, que son los bienes, productos y servicios, que tienen que estar relacionados con la participación plena en la sociedad, así como definir su función, que es el logro de la accesibilidad.

Así, ha afirmado que se puede hablar de derecho a la accesibilidad y a los ajustes razonables. Según ha explicado, la accesibilidad, desde el punto de vista de sus construcciones jurídicas, se entiende como principio, como parte del contenido esencial de todo derecho, como parte del derecho de no ser discriminado por razón de discapacidad, y como un derecho singular.

En cuanto a este igual acceso a bienes, productos, servicios y derechos para tener una participación plena en la sociedad, Rafael de Asís ha expuesto que hay que plantearse si éstos se encuentran integrados en el discurso de los derechos humanos. En esta línea, ha señalado que la incursión del discurso de la discapacidad al de los derechos humanos, supone, para él, una serie de cambios, como “cambiar la idea de relacionar sus derechos con la idea de asistencialismo, reconstruir la idea de identidad humana y de igualdad, perdiendo el miedo a la idea de libertad y abriéndose a la de responsabilidad”.

En relación a los cinco de años de vigencia de la Convención de la ONU -que para Rafael de Asís se envuelve en una estrategia de no discriminación: de situación y de identidad-, el catedrático ha hablado de avances en materia de accesibilidad, aunque, ha reconocido, desde el punto de vista jurídico, “hay muchas dudas sobre la configuración jurídica de esta idea”.

Por otra parte, con respecto a la ponencia de Rafael de Asís, para el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid, David Giménez Glück, la accesibilidad sí que forma parte del contenido esencial de los derechos, principalmente, ha apuntado, el derecho a la no discriminación, a la libre circulación, a la información, a la expresión, al trabajo, a la educación o a la participación política.

Jesús Hernández

, director de Accesibilidad de Fundación ONCE -donde se ha desarrollado el Observatorio de Accesibilidad a Municipios Españoles, Observatorio de Accesibilidad al Transporte, y el análisis de accesibilidad a portales de internet- ha reivindicado “no tener que reivindicar nada”, desde la aspiración de alcanzar una sociedad inclusiva, en la que exista un reconocimiento real y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, y donde se garantice el acceso a bienes y servicios en igualdad de condiciones que el resto.

Por su parte, la directora de Planificación, Control y Gestión Administrativa, de la Dirección General de Personas y Organización de Repsol, María

José López Menéndez, ha expuesto las buenas prácticas de su organización en materia de discapacidad y accesibilidad, como es el programa de incorporación de personas con discapacidad en su compañía, que se implantó en 2005, y a partir del cual se empezaron a adaptar los puestos de trabajos y las estaciones de servicio, habiendo 500 estaciones de servicios accesibles; o el programa de Teletrabajo, al que se pueden acoger los trabajadores con discapacidad, según sus necesidades específicas.

Por último, en representación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Laura Diego, ha destacado la prioridad de su departamento para 2013, que, según ha expuesto, es la aprobación de un Plan de Acción de la Estrategia Española de Discapacidad 2012-2020, que actúa como marco para las políticas públicas en materia de discapacidad en los próximos años, con el objetivo de la promoción de la accesibilidad de bienes y servicios y dispositivos de apoyo para personas con discapacidad.