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19 octubre, 2012

Discapacidad y exclusión, Juan Cid.



Juan Cid, Presidente de FEAPS, hace un llamamiento ante el  peligro de que discapacidad, pobreza y exclusión sean sinónimos Cádiz, 18 de octubre de 2012. Esta mañana ha tenido lugar, en la Universidad de Cádiz, una rueda de prensa en la que FEAPS (Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual), ha cerrado el Año de la Ciudadanía 2012. Esta convocatoria ha contado 
con la presencia del presidente de la organización, Juan Cid, su homólogo en FEAPS Andalucía, Juan 
Manuel Carrasco, y la Vicerrectora de Proyección Social, Cultural e Internacional de la Universidad de 
Cádiz, Marina Gutiérrez. 
Carrasco ha explicado que, en los últimos meses, la administración pública andaluza ha cerrado todas 
las vías de diálogo para retomar la colaboración con FEAPS Andalucía.  Por eso, según señala el 
presidente de la federación: “hemos sobrevivido a muchas crisis económicas, pero no podemos 
sobrevivir una crisis de valores”.  
En su intervención, Cid ha señalado el importante déficit de ciudadanía de más de 300.000 personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo en toda España por causa de la discapacidad y por la 
falta de apoyos y oportunidades del entorno social en el que vivimos. 
En estos momentos, este colectivo está viviendo severos recortes,  como pérdidas en ayudas y 
subvenciones locales, impagos generalizados en varios Comunidades Autónomas (que alcanzan los 
80 millones de euros en toda España), desaparición de empleo con apoyo y la falta de cobertura de 
la subvención salarial para Centros Especiales de Empleo. Esta situación pone en serio riesgo de 
exclusión a 14.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 
Todo ello traerá consecuencias que van a convertir, en palabras de Juan Cid, a las personas con 
discapacidad o del desarrollo “en los últimos vagones de la sociedad, donde discapacidad, pobreza y 
exclusión serán sinónimos”.  
A través de su presidente, FEAPS, junto al CERMI Estatal al que pertenece, ha instado al Gobierno de 
España al cumplimiento de la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con 
discapacidad, especialmente en lo referente a la adaptación normativa relativa al ejercicio de la 
capacidad jurídica por las personas con discapacidad; o en el desar

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