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Integrantes de la fundación del Notariado y del Congreso de Expertos Justicia y Derechos Humanos entregan el informe a los principales grupos parlamentarios en el que solicitan reformas e iniciativas legales inmediatas
Entre las propuestas destacan la creación de juzgados especializados, facilidades de acceso a la Justicia y al empleo público a las personas discapacitadas y modificaciones en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil
En la reunión con representantes de los tres grupos mayoritarios en la Comisión de Justicia del Congreso, la directora de la Fundación Aequitas, Almudena Castro-Girona, notario de Barcelona, hizo entrega del informe de conclusiones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Acceso a la Justicia en España, elaborado por el Congreso de Expertos Justicia y Derechos Humanos, impulsado por la propia Fundación Aequitas y el Ministerio de Justicia. Al encuentro asistieron miembros del citado congreso de expertos: la propia Castro-Girona, que actúa también como presidenta de este foro; Benigno Varela, magistrado jubilado del Tribunal Supremo y patrono de Aequitas; Carlos Ganzenmüller, fiscal del Supremo; Federico Cabello de Alba, notario de Guardo (Palencia) y director del Área Social de Aequitas, y Torcuato Recover, abogado del Movimiento Asociativo FEAPS a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual y asesor externo del congreso. El presidente del Consejo General del Notariado, Antonio Ojeda, también asistió al acto en calidad de máximo responsable de Aequitas, fundación creada por el Notariado.
En su intervención, Castro-Girona precisó que la Convención de Naciones Unidas sobre discapacidad supone un “cambio de paradigma” que provocará un “revolución a los juristas” por la inclusión, en su articulado del reconocimiento del principio de capacidad jurídica de obrar a este colectivo, lo que requiere la modificación del proceso judicial de incapacitación. Y recordó que los artículos 12 y 13 de la citada Convención, que entró en vigor el 3 de mayo de 2008, “la primera del Siglo XXI” emanada de la ONU, obligan a todos los Estados a “tomar conciencia de este principio rector”, en línea a la reciente adaptación que, del mismo, ha hecho el Código de Familia de Cataluña, que entrará en vigor en enero de 2011.
Acceso a la Justicia
El informe incluye tres tipos de reformas prioritarias para facilitar el acceso a la Justicia de las personas vulnerables. En primer lugar, las de carácter físico; es decir, de adecuación de los edificios judiciales a los tipos de discapacidad. Un segundo bloque, de índole jurídica, que requiere la creación de cuerpos de intérpretes jurados, psicólogos y asistentes sociales y de una oficina de orientación legal adaptada. Y un tercer conjunto de modificaciones legales propias de las funciones de la Justicia, entre las que el documento de conclusiones menciona la opción de acceso a empleos públicos, en línea -se aclaró en la reunión- con la reciente reforma laboral, que incluye un apartado específico a este aspecto hacia las personas con discapacidad, y muy especialmente hacia las personas con capacidad intelectual límite, siendo pionera a este respecto.
Tribunales especializados
Las conclusiones inciden, además, en la importancia de impulsar tribunales y fiscalías especializados -es decir, conocedores de los procedimientos de la capacidad jurídica de obrar-, en combinación con cursos de formación judicial, de forma que se consiga, al menos, un tribunal de “buenas prácticas” en materia de discapacidad por provincia. También se alerta contra “la trampa de los juicios rápidos”, ya que, pese a su eficacia, pueden evitar que se busquen mecanismos de indagación de ciertas enfermedades o discapacidades en presuntos delincuentes que pudieran haber sido inducidos por terceros a cometer actos delictivos.
El informe, por otro lado, solicita cambios tanto en el Código Civil como en la Ley de Enjuiciamiento Civil, alguno de cuyos preceptos -se aclara- no casan con las normas de Derecho positivo que establece la Convención de la ONU.
Apreciaciones políticas
Por su parte, los representantes de la Comisión de Justicia agradecieron las recomendaciones del informe de la Fundación Aequitas y revelaron su compromiso en la búsqueda de consensos para acelerar modificaciones legales en esta materia a lo largo de la presente legislatura.
Álvaro Cuesta, su presidente y diputado socialista, recalcó el “buen nivel de acuerdo y la celeridad” con la que opera esta comisión “una vez que le llega algún proyecto o proposición de ley”. Mientras, el diputado popular Francisco Vañó, en quien delegó el vicepresidente Juan Manuel Albendea, reconoció que “se trata de que el legislador haga un traje a medida” que, a su juicio, debe realizarse con una “voluntad máxima” por crear una “figura nueva, la del apoyo, difícil de hacer” pero que tiene una recompensa loable, como es la “normalización de las personas con discapacidad” un asunto en el que –afirmó- “no existen ideologías y sí facilidad para el consenso”.
El responsable de CiU, Jordi Jané, urgió a que se concreten las propuestas “lo antes posible porque toda iniciativa legal que no se presente en el primer semestre de 2011 será difícil que salga en el BOE” antes de que concluya la actual legislatura. También se manifestaron en similares términos de consenso el resto de representantes de la comisión presentes en la Sala Sagasta.
Satisfacción del Notariado
El presidente del Consejo General del Notariado, Antonio Ojeda, trasladó la “satisfacción” del colectivo notarial por colaborar con los poderes públicos a través de la Fundación Aequitas que “en sus casi once años de existencia ha venido estudiando y diseñando medidas y procedimientos legales de protección en beneficio de las personas vulnerables y mostró su “agradecimiento” a los diputados por la invitación de acudir al Congreso a hacer entrega oficial de las recomendaciones incluidas en el informe sobre la Convención de Naciones Unidas.
Entre las propuestas destacan la creación de juzgados especializados, facilidades de acceso a la Justicia y al empleo público a las personas discapacitadas y modificaciones en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil
En la reunión con representantes de los tres grupos mayoritarios en la Comisión de Justicia del Congreso, la directora de la Fundación Aequitas, Almudena Castro-Girona, notario de Barcelona, hizo entrega del informe de conclusiones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Acceso a la Justicia en España, elaborado por el Congreso de Expertos Justicia y Derechos Humanos, impulsado por la propia Fundación Aequitas y el Ministerio de Justicia. Al encuentro asistieron miembros del citado congreso de expertos: la propia Castro-Girona, que actúa también como presidenta de este foro; Benigno Varela, magistrado jubilado del Tribunal Supremo y patrono de Aequitas; Carlos Ganzenmüller, fiscal del Supremo; Federico Cabello de Alba, notario de Guardo (Palencia) y director del Área Social de Aequitas, y Torcuato Recover, abogado del Movimiento Asociativo FEAPS a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual y asesor externo del congreso. El presidente del Consejo General del Notariado, Antonio Ojeda, también asistió al acto en calidad de máximo responsable de Aequitas, fundación creada por el Notariado.
En su intervención, Castro-Girona precisó que la Convención de Naciones Unidas sobre discapacidad supone un “cambio de paradigma” que provocará un “revolución a los juristas” por la inclusión, en su articulado del reconocimiento del principio de capacidad jurídica de obrar a este colectivo, lo que requiere la modificación del proceso judicial de incapacitación. Y recordó que los artículos 12 y 13 de la citada Convención, que entró en vigor el 3 de mayo de 2008, “la primera del Siglo XXI” emanada de la ONU, obligan a todos los Estados a “tomar conciencia de este principio rector”, en línea a la reciente adaptación que, del mismo, ha hecho el Código de Familia de Cataluña, que entrará en vigor en enero de 2011.
Acceso a la Justicia
El informe incluye tres tipos de reformas prioritarias para facilitar el acceso a la Justicia de las personas vulnerables. En primer lugar, las de carácter físico; es decir, de adecuación de los edificios judiciales a los tipos de discapacidad. Un segundo bloque, de índole jurídica, que requiere la creación de cuerpos de intérpretes jurados, psicólogos y asistentes sociales y de una oficina de orientación legal adaptada. Y un tercer conjunto de modificaciones legales propias de las funciones de la Justicia, entre las que el documento de conclusiones menciona la opción de acceso a empleos públicos, en línea -se aclaró en la reunión- con la reciente reforma laboral, que incluye un apartado específico a este aspecto hacia las personas con discapacidad, y muy especialmente hacia las personas con capacidad intelectual límite, siendo pionera a este respecto.
Tribunales especializados
Las conclusiones inciden, además, en la importancia de impulsar tribunales y fiscalías especializados -es decir, conocedores de los procedimientos de la capacidad jurídica de obrar-, en combinación con cursos de formación judicial, de forma que se consiga, al menos, un tribunal de “buenas prácticas” en materia de discapacidad por provincia. También se alerta contra “la trampa de los juicios rápidos”, ya que, pese a su eficacia, pueden evitar que se busquen mecanismos de indagación de ciertas enfermedades o discapacidades en presuntos delincuentes que pudieran haber sido inducidos por terceros a cometer actos delictivos.
El informe, por otro lado, solicita cambios tanto en el Código Civil como en la Ley de Enjuiciamiento Civil, alguno de cuyos preceptos -se aclara- no casan con las normas de Derecho positivo que establece la Convención de la ONU.
Apreciaciones políticas
Por su parte, los representantes de la Comisión de Justicia agradecieron las recomendaciones del informe de la Fundación Aequitas y revelaron su compromiso en la búsqueda de consensos para acelerar modificaciones legales en esta materia a lo largo de la presente legislatura.
Álvaro Cuesta, su presidente y diputado socialista, recalcó el “buen nivel de acuerdo y la celeridad” con la que opera esta comisión “una vez que le llega algún proyecto o proposición de ley”. Mientras, el diputado popular Francisco Vañó, en quien delegó el vicepresidente Juan Manuel Albendea, reconoció que “se trata de que el legislador haga un traje a medida” que, a su juicio, debe realizarse con una “voluntad máxima” por crear una “figura nueva, la del apoyo, difícil de hacer” pero que tiene una recompensa loable, como es la “normalización de las personas con discapacidad” un asunto en el que –afirmó- “no existen ideologías y sí facilidad para el consenso”.
El responsable de CiU, Jordi Jané, urgió a que se concreten las propuestas “lo antes posible porque toda iniciativa legal que no se presente en el primer semestre de 2011 será difícil que salga en el BOE” antes de que concluya la actual legislatura. También se manifestaron en similares términos de consenso el resto de representantes de la comisión presentes en la Sala Sagasta.
Satisfacción del Notariado
El presidente del Consejo General del Notariado, Antonio Ojeda, trasladó la “satisfacción” del colectivo notarial por colaborar con los poderes públicos a través de la Fundación Aequitas que “en sus casi once años de existencia ha venido estudiando y diseñando medidas y procedimientos legales de protección en beneficio de las personas vulnerables y mostró su “agradecimiento” a los diputados por la invitación de acudir al Congreso a hacer entrega oficial de las recomendaciones incluidas en el informe sobre la Convención de Naciones Unidas.
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