El CERMI propone en el Senado medidas de protección a las víctimas de accidentes de tráfico que adquieren una discapacidad
Propone la creación de una fundación pública encargada de gestionar parte de los fondos procedentes de las sanciones de tráfico para destinarlos a la atención a las víctimas de accidente
Casi 80.000 personas declaran haber adquirido su discapacidad por motivo de un accidente de tráfico, según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía y Dependencia 2008
(Madrid, 29 de noviembre de 2010).- El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha comparecido este lunes ante la Comisión de Interior del Senado para plantear a los Grupos Parlamentarios nuevas medidas de protección de las víctimas de accidentes de tráfico que adquieren una discapacidad.
En su comparecencia, Pérez Bueno ha propuesto la creación de una fundación pública encargada de gestionar parte de los fondos procedentes de las sanciones de tráfico para destinarlos a la atención a las víctimas de accidentes.
En la reforma de la Ley de Seguridad Vial aprobada el año pasado, se estableció que todos los ingresos provenientes de multas de tráfico engrosarían un fondo destinado a promover la seguridad vial, la prevención de la siniestralidad y el apoyo a víctimas de accidentes.
A raíz de este mandato legal, el CERMI ha elaborado un modelo de fundación pública, dependiente del Ministerio del Interior, con presencia del sector de la discapacidad, que tendría como función gestionar los recursos que se dediquen al apoyo a víctimas a través de acuerdos con entidades sociales no lucrativas de acreditada trayectoria.
El CERMI ha pedido el respaldo de los Grupos a esta propuesta a fin de contar con más medios para atender a las víctimas de accidentes, que son una de las primeras causas generadoras de discapacidad. En concreto, según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD 2008) cifra en 78.700 las personas que declaran haber adquirido su discapacidad por motivo de un accidente de tráfico.
El presidente del CERMI ha recordado que la previsión de ingresos para el Estado procedentes de sanciones económicas según la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 es de 409,3 millones de euros. La partida que se destina específicamente a asociaciones de víctimas en 2010 es 450.000 euros, según la Resolución de 7 de junio de 2010, de la Dirección General de Tráfico.
Para la gestión de estos presupuestos, el impulso, planificación, ordenación y seguimiento de estos programas y de sus fines sociales, el CERMI propone la creación de una fundación pública, promovida por el Ministerio del Interior, con presencia del MSPSI y con representación, en virtud del principio de diálogo civil, del sector de la discapacidad y de víctimas. “Se trata de una estructura ágil y poco onerosa especialmente apta para gestionar eficientemente estas convocatorias”, como ha explicado el CERMI.
Fundación pública
En este sentido, como ha expresado Pérez Bueno, “no se otorgarían ayudas sociales pasivas individuales a las víctimas (personas o familias), sino a sostener programas de habilitación y rehabilitación que desarrollados por las asociaciones y fundaciones promuevan la reincorporación más plena de las víctimas a la vida en comunidad”.
Pérez Bueno ha recordado que “la siniestralidad vial contribuye de un modo intenso a la generación de discapacidades, algunas de ellas que precisan grandes necesidades de apoyo y recursos”. Por eso, “se debe también contribuir a su atención y habilitación, dedicando parte de los ingresos que se obtienen a esta finalidad”. En opinión del CERMI deben buscarse “medidas innovadoras y audaces”, así como “no dejar todo en mano de los sistemas tradicionales de protección social y sanitaria, ya que esto no ayudará a la sostenibilidad de los mismos, ya muy presionados y con dudas sobre su continuidad a medio y largo plazo”.
El CERMI es la plataforma de representación y encuentro de las personas con discapacidad que aglutina a casi 5.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los cerca de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo.
Propone la creación de una fundación pública encargada de gestionar parte de los fondos procedentes de las sanciones de tráfico para destinarlos a la atención a las víctimas de accidente
Casi 80.000 personas declaran haber adquirido su discapacidad por motivo de un accidente de tráfico, según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía y Dependencia 2008
(Madrid, 29 de noviembre de 2010).- El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha comparecido este lunes ante la Comisión de Interior del Senado para plantear a los Grupos Parlamentarios nuevas medidas de protección de las víctimas de accidentes de tráfico que adquieren una discapacidad.
En su comparecencia, Pérez Bueno ha propuesto la creación de una fundación pública encargada de gestionar parte de los fondos procedentes de las sanciones de tráfico para destinarlos a la atención a las víctimas de accidentes.
En la reforma de la Ley de Seguridad Vial aprobada el año pasado, se estableció que todos los ingresos provenientes de multas de tráfico engrosarían un fondo destinado a promover la seguridad vial, la prevención de la siniestralidad y el apoyo a víctimas de accidentes.
A raíz de este mandato legal, el CERMI ha elaborado un modelo de fundación pública, dependiente del Ministerio del Interior, con presencia del sector de la discapacidad, que tendría como función gestionar los recursos que se dediquen al apoyo a víctimas a través de acuerdos con entidades sociales no lucrativas de acreditada trayectoria.
El CERMI ha pedido el respaldo de los Grupos a esta propuesta a fin de contar con más medios para atender a las víctimas de accidentes, que son una de las primeras causas generadoras de discapacidad. En concreto, según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD 2008) cifra en 78.700 las personas que declaran haber adquirido su discapacidad por motivo de un accidente de tráfico.
El presidente del CERMI ha recordado que la previsión de ingresos para el Estado procedentes de sanciones económicas según la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 es de 409,3 millones de euros. La partida que se destina específicamente a asociaciones de víctimas en 2010 es 450.000 euros, según la Resolución de 7 de junio de 2010, de la Dirección General de Tráfico.
Para la gestión de estos presupuestos, el impulso, planificación, ordenación y seguimiento de estos programas y de sus fines sociales, el CERMI propone la creación de una fundación pública, promovida por el Ministerio del Interior, con presencia del MSPSI y con representación, en virtud del principio de diálogo civil, del sector de la discapacidad y de víctimas. “Se trata de una estructura ágil y poco onerosa especialmente apta para gestionar eficientemente estas convocatorias”, como ha explicado el CERMI.
Fundación pública
En este sentido, como ha expresado Pérez Bueno, “no se otorgarían ayudas sociales pasivas individuales a las víctimas (personas o familias), sino a sostener programas de habilitación y rehabilitación que desarrollados por las asociaciones y fundaciones promuevan la reincorporación más plena de las víctimas a la vida en comunidad”.
Pérez Bueno ha recordado que “la siniestralidad vial contribuye de un modo intenso a la generación de discapacidades, algunas de ellas que precisan grandes necesidades de apoyo y recursos”. Por eso, “se debe también contribuir a su atención y habilitación, dedicando parte de los ingresos que se obtienen a esta finalidad”. En opinión del CERMI deben buscarse “medidas innovadoras y audaces”, así como “no dejar todo en mano de los sistemas tradicionales de protección social y sanitaria, ya que esto no ayudará a la sostenibilidad de los mismos, ya muy presionados y con dudas sobre su continuidad a medio y largo plazo”.
El CERMI es la plataforma de representación y encuentro de las personas con discapacidad que aglutina a casi 5.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los cerca de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo.
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