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El CERMI pide compromisos en materia de discapacidad de cara a las elecciones autonómicas y locales del 2011
Con arreglo a los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas en 2006 y firmada y ratificada por España
Los documentos de propuestas servirán para el debate en el IV Congreso de CERMIS Autonómicos, que tendrá lugar los próximos días 10 y 11 de noviembre en Toledo
(Madrid, 3 de noviembre de 2010).- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado dos documentos de propuestas en materia de discapacidad para incorporar a los programas electorales de las formaciones políticas de cara a las elecciones autonómicas y municipales del año 2011, con arreglo a los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En cuanto a la confección de listas, el CERMI propone que se incorporen tanto a las listas autonómicas como municipales (y provinciales) que presenten los distintos partidos y formaciones a los comicios autonómicos y locales de 2011, “candidatos con discapacidad con méritos para ello, en posiciones que aseguren su elección, de forma que el compromiso de estas agrupaciones políticas se manifieste no sólo en cuestiones programáticas, sino también en las personas que, como responsables políticos, han de llevarlas a efecto”.
Por otra parte, en relación a las propuestas programáticas, el CERMI solicita un compromiso de comunidad y ciudad inclusiva, considerando la discapacidad como vector transversal de atención preferente en todas las líneas de acción política del Gobierno y demás instituciones de la Comunidad Autónoma, así como de la Corporación local. “Esta política se desarrollará en base a los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad”, sostiene el Comité.
También considera que se debe aprobar una Ley Autonómica de Derechos, No Discriminación e Inclusión en la Comunidad de las Personas con Discapacidad, así como, a nivel local, un Plan de Inclusión en la Comunidad de las Personas con Discapacidad.
Con el objetivo de generar el cuarto pilar de un auténtico Estado del Bienestar, el CERMI considera que cada Comunidad Autónoma debe dotarse de una legislación reguladora de derechos sociales plenos, al mismo tiempo que en todas las disposiciones normativas que elabore cada ente local, “se debe tener en cuenta, con carácter previo, el enfoque de la discapacidad”.
Otra de las propuestas es la creación de un Consejo Autonómico de Personas con Discapacidad, como emanación del principio de diálogo civil entre la Comunidad Autónoma y el sector representativo de la discapacidad del territorio; de la misma manera que la creación de un Consejo Municipal (o Provincial) de Personas con Discapacidad.
Así, pide el compromiso para articular normativamente ese diálogo civil, así como para crear en el Parlamento o Asamblea Autonómica, una Comisión sobre Discapacidad encargada de analizar la situación de las personas con discapacidad y sus familias, o, en el seno del Equipo de Gobierno Municipal, una Concejalía u órgano dedicado a las políticas de igualdad, normalización, inclusión y participación de personas con discapacidad.
Otra de las medidas de carácter general que solicita es la puesta en marcha de campañas de sensibilización, concienciación y educativas de forma periódica y sistemática, dirigidas a todos los grupos de población, con el objetivo de trasladar una imagen normalizada y positiva de la discapacidad. “Esto se extendería a informar sobre la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, mantiene.
A nivel sectorial, el CERMI hace referencia en sus documentos de propuestas a la inclusión laboral, la Accesibilidad Universal, la fiscalidad, el bienestar social, la educación, la salud y consumo, la cultura, ocio, deporte e imagen social, la protección social, la protección jurídica y derechos de las personas con discapacidad institucionalizadas y al género, ofreciendo distintas proposiciones con sus respectivas medidas, según sea a nivel autonómico o municipal.
Con arreglo a los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas en 2006 y firmada y ratificada por España
Los documentos de propuestas servirán para el debate en el IV Congreso de CERMIS Autonómicos, que tendrá lugar los próximos días 10 y 11 de noviembre en Toledo
(Madrid, 3 de noviembre de 2010).- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado dos documentos de propuestas en materia de discapacidad para incorporar a los programas electorales de las formaciones políticas de cara a las elecciones autonómicas y municipales del año 2011, con arreglo a los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En cuanto a la confección de listas, el CERMI propone que se incorporen tanto a las listas autonómicas como municipales (y provinciales) que presenten los distintos partidos y formaciones a los comicios autonómicos y locales de 2011, “candidatos con discapacidad con méritos para ello, en posiciones que aseguren su elección, de forma que el compromiso de estas agrupaciones políticas se manifieste no sólo en cuestiones programáticas, sino también en las personas que, como responsables políticos, han de llevarlas a efecto”.
Por otra parte, en relación a las propuestas programáticas, el CERMI solicita un compromiso de comunidad y ciudad inclusiva, considerando la discapacidad como vector transversal de atención preferente en todas las líneas de acción política del Gobierno y demás instituciones de la Comunidad Autónoma, así como de la Corporación local. “Esta política se desarrollará en base a los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad”, sostiene el Comité.
También considera que se debe aprobar una Ley Autonómica de Derechos, No Discriminación e Inclusión en la Comunidad de las Personas con Discapacidad, así como, a nivel local, un Plan de Inclusión en la Comunidad de las Personas con Discapacidad.
Con el objetivo de generar el cuarto pilar de un auténtico Estado del Bienestar, el CERMI considera que cada Comunidad Autónoma debe dotarse de una legislación reguladora de derechos sociales plenos, al mismo tiempo que en todas las disposiciones normativas que elabore cada ente local, “se debe tener en cuenta, con carácter previo, el enfoque de la discapacidad”.
Otra de las propuestas es la creación de un Consejo Autonómico de Personas con Discapacidad, como emanación del principio de diálogo civil entre la Comunidad Autónoma y el sector representativo de la discapacidad del territorio; de la misma manera que la creación de un Consejo Municipal (o Provincial) de Personas con Discapacidad.
Así, pide el compromiso para articular normativamente ese diálogo civil, así como para crear en el Parlamento o Asamblea Autonómica, una Comisión sobre Discapacidad encargada de analizar la situación de las personas con discapacidad y sus familias, o, en el seno del Equipo de Gobierno Municipal, una Concejalía u órgano dedicado a las políticas de igualdad, normalización, inclusión y participación de personas con discapacidad.
Otra de las medidas de carácter general que solicita es la puesta en marcha de campañas de sensibilización, concienciación y educativas de forma periódica y sistemática, dirigidas a todos los grupos de población, con el objetivo de trasladar una imagen normalizada y positiva de la discapacidad. “Esto se extendería a informar sobre la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, mantiene.
A nivel sectorial, el CERMI hace referencia en sus documentos de propuestas a la inclusión laboral, la Accesibilidad Universal, la fiscalidad, el bienestar social, la educación, la salud y consumo, la cultura, ocio, deporte e imagen social, la protección social, la protección jurídica y derechos de las personas con discapacidad institucionalizadas y al género, ofreciendo distintas proposiciones con sus respectivas medidas, según sea a nivel autonómico o municipal.
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